Comunicado de las personas que formaron la Asamblea de la Acampada #SolucionLidiaySanti

Desde APC reproducimos el comunicado que las personas de la asamblea de la acampada #SolucionLidiaySanti ha hecho público para valorar lo que ha sido esta lucha por una vivienda pública en alquiler.

En primer lugar, agradecer a la Asamblea Popular-15M de Carabanchel, a Aver Aves, a Bicis Solidarias, a Bomberos Quemados, a CocaColaEnLucha, a la Coordinadora de Vivienda de Madrid, a FemNosotras, a Greenpeace, a Invisibles de Coslada, a Marea Básica y al Programa SOLIDARIAS, a StopMordazas, a Alberto San Juan, a Carlos Taibo, a Cristina del Valle, a El Langui, a Kollontai, a Salvador Amor, a Yayo Herrero, a la familia, a los pequeños comerciantes del barrio, a las/os compañeras/os, a las/os vecinas/os y a todas aquellas personas implicadas por apoyar la solución, y por haber tenido la suerte de conoceros aún mucho más compartiendo esta experiencia de lucha, siendo posible que con vuestro calor y empuje hoy por fin ya tengamos un hogar.

En segundo lugar, nos reiteramos en nuestro grito denunciando la vulneración sistemática de Derechos Humanos por parte de todas las Administraciones: Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Gobierno del Reino de España… Una vulneración y una violencia institucional ejercida por parte de aquellas y de todos los organismos dependientes de ellas -Defensor del Pueblo, Defensor del Menor, Fiscalía de Menores,etc.-, así como del Consejo General del Poder Judicial en todo el Estado Español. Ninguno está velando por el cumplimiento efectivo del Derecho a la Vivienda digna y adecuada como se establece tanto en la regulación nacional (CE) como supranacional (Convención sobre los Derechos del niño, Carta Universal de los Derechos Humanos, Dictamen del Comité DESC de la ONU…). ¡BASTA YA de Gente Sin Casa y Casas Sin Gente!

En tercer lugar, quisiéramos dejar bien claro que tras #75DiasAcampadas en la Plaza de Carabanchel frente a la Junta Municipal del Distrito, hemos logrado acceder a una vivienda pública en alquiler, que no a una vivienda gratis, por “un periodo de cinco años prorrogables”. Esto ha sido fruto de la lucha constante y decidida por ejercer nuestro derecho a la vivienda pese a todas las dificultades. Pese al trato distante de la concejala de Carabanchel, la misma que en el inicio de su servicio a la comunidad se promocionó bajo el lema “tu concejal te escucha”, pese a la falta de transparencia en las gestiones que nos incumbían por parte de la Jefa de Área de Servicios Sociales del distrito… Hemos luchado y logrado nuestra vivienda pública en alquiler pese a la criminalización, marginación, silenciamiento y en resumen pese a la exclusión sufrida por la negligencia del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, administraciones insumisas a la regulación existente en la materia que además nos han utilizado como arma arrojadiza para sus estériles disputas partidistas. Si ellas han ignorado por completo las consecuencias de su inacción y sus acciones, si, a raíz del desahucio #LidiaySanti perdieron a su bebé no nato, por mencionar una sola cosa no menor ya que se trata de una vulneración del derecho a la vida por parte de las instituciones, nosotras pediremos responsabilidad y reparación por la vía adecuada.

Desde nuestra asamblea queremos hacer un llamamiento a todas las personas, activistas o no activistas pero sí activ@s, a que os empoderéis para trabajar por la realización de los derechos que son de todas y todos y, por supuesto, para todas y todos. Porque somos las mismas, y no otras, que las familias que malviven hacinadas en una habitación o las que se encuentran cobijadas por la caridad de un familiar, las mismas que han solicitado, sin respuesta, una vivienda pública a cualquiera de las administraciones madrileñas: familias y personas que están siendo tan ignoradas y maltratadas como lo han sido #SolucionLidiaYSanti durante los 75 días de Acampada y los previos a raíz de su vergonzoso desahucio sin solución habitacional. Ahora que tenemos la claridad suficiente para saber que lo que exigimos es posible, ahora que las ciencias, la comunicación y la tecnología nos demuestran día a día que hay suficiente en el mundo para que podamos vivir todas dignamente, que hemos destapado los entresijos del sistema para que no puedan engañarnos, no podemos permitir que las siguientes generaciones hereden un mundo de la Edad Media. ¡Seguimos!

Aquí va una descripción de los hechos de estos días:

El pasado 31 de agosto, a las 18h aproximadamente, se presentaba en la acampada situada en la Plaza de Carabanchel un representante de la ONG Mensajeros de la Paz. Dicho representante ofreció, en nombre de esa organización, una vivienda para alojarse y vivir a la familia allí acampada. Los términos eran muy beneficiosos: piso reformado con 4 dormitorios, para entrar a vivir recibiendo las llaves al día siguiente, contrato de 5 años prorrogable y pago únicamente de los suministros y de los gastos de comunidad, que si la familia obtuviera ingresos superiores a los que recibía en ese momento pagarían una renta de unos 180€. Tras 74 días acampados exigiendo una alternativa habitacional esta oferta fue considerada sumamente positiva por la familia afectada, que decidió comprometerse con lo ofrecido y aceptarlo. Al día siguiente se firma el contrato, se recogen las llaves y se levanta la acampada. La alegría de la joven pareja, del conjunto de su familia y de las muchas personas que les hemos tratado de apoyar durante estos días de calvario es difícil de transmitir. Refleja lo importante que es el derecho a la vivienda y lo necesario para el desarrollo de las personas que es este bien fundamental.

La solución dada por esta ONG pone en evidencia la gestión que se hace desde las administraciones -Comunidad, Ayuntamiento y Servicios Sociales- de viviendas que son de titularidad pública y que no obstante se ceden a organizaciones privadas, sean éstas con o sin animo de lucro. Además dado que el parque de vivienda pública es escaso e insuficiente para el número de demandantes, surgen las siguientes preguntas:

¿Por qué se ceden a estas ongs, cuando la vivienda es un derecho que no tendría que relacionarse con ningún tipo de caridad?

¿Por qué no es al revés y no se les pide a estas instituciones, mayormente religiosas, que sean ellas las que cedan viviendas?

¿Por qué, si existía este recurso, se dejó a la familia pasar 74 días acampadas?

75 días acampadas en la Plaza, lo que vino antes:

El periplo de esta familia empezó el pasado 13 de junio, cuando eran desahuciados de la vivienda donde residían, propiedad del fondo buitre BLACKSTONE, a través de una de sus filiales, FIDERE. Sí: habían recuperado una vivienda que en su momento fue pública, de la EMVS y que fue vendida al fondo buitre por la alcaldesa Ana Botella. La familia, compuesta por la pareja de adultos y 4 hij@s de 13,10,8, 3 años, y uno por nacer en el vientre de Lidia, se vio sin alternativa habitacional y empujada a albergarse en el Hostal Wellcome, concertado por el Ayuntamiento de Madrid para las denominadas “estancias breves” y donde conviven personas sin techo, desahuciadas, toxicóman@s, refugiadas políticas… Que se sepa que este lugar no es una solución aceptable ni adecuada para las familias que la administración desahucia, por los numerosos problemas de convivencia que se dan por la diversidad de necesidades de las personas que se albergan en estos pseudo-barracones para las excluidas: duchas comunitarias…(las hijas adolescentes se negaban a ducharse delante de otras personas), horas fijas para comer y obligatoriedad de hacerlo en bandejas en las zonas comunes… Falta de un espacio unitario para las familias (ellos estaban divididos en dos habitaciones, un adulto dormía con cada dos niñ@s)…Las habitaciones permanecen abiertas día y noche… Las ESTANCIAS BREVES violan claramente los derechos de protección a las familias y a los menores… Tras 6 días en estas condiciones les hicieron abandonar el hostal, pues parece ser que había personas con mayor necesidad que ell@s. En la tarde de ese día, una vez acampadas, el SAMUR les ofrece ir al Albergue de la Carrera de San Francisco, situado en el distrito Centro de Madrid, en el cual iban a estar en las mismas condiciones, por lo que LidiaYSanti lo rechazan. Ante esta difícil situación y sin alternativa habitacional deciden acampar frente a la Junta Municipal de Distrito de Carabanchel exigiendo a ésta que cumpla con sus compromisos.

El papel del “Ayuntamiento del cambio”:

Ahora Madrid accedió al gobierno de la capital con un programa electoral que hablaba de “acabar con los desahucios”. Más de dos años después, con Carmena en la alcaldía municipal, los desahucios sin alternativa habitacional siguen existiendo y son comunes en la capital. Se han pagado más de 1600 millones de euros de deuda municipal. Se van a invertir 30 millones en poner bonitos los restaurantes caros del paseo de la Gastronomía de la Casa de Campo; no se sabe cuántos en arreglar la fachada del Palacio de la Villa: venga, a engalanar el Ayuntamiento como con Gallardón, pero por fuera… Todo este gasto y nada de considerar represupuestar para ofrecer viviendas dignas: no se está siendo capaz de acabar con esta lacra horrible del desahucio sin alternativa. Y ¿qué pasa en el distrito de Carabanchel?: cada vez que ha habido una convocatoria por parte de nuestra Asamblea para paralizar un desahucio, la postura de la concejalía ha sido insultar, poner en entredicho la veracidad de la situación social que nos refería la desahuciada, ¡en cada uno de los casos en dos años! (Nerea, Alexandre, Maria, Elvira, etc. etc.). Jamás ha venido la concejala o alguno de sus asesores a apoyar una convocatoria de #StopDesahucio… quien sí ha venido ha sido la policía municipal, ojo al dato: ahora la municipal también tiene antidisturbios. En el caso de Lidia y Santi ante las numerosas peticiones de una alternativa habitacional, la concejalía siempre niega la existencia de viviendas disponibles, pese a existir, de manera documentada, numerosas viviendas de la EMVS vacías…Finalmente encontrarían esas casas, pero sólo cuando iban a quedar fatal (seguid leyendo para enteraros)… Después de varios compromisos que luego fueron falsos, como el de darle a la familia un complemento económico y teniendo como únicos ingresos 650 euros de dos RMI (Renta Mínima de Inserción) con lo que han de pagar su manutención 6 personas, se les plantea que “pueden costearse un alquiler “… Servicios sociales encuentra por internet una oferta de una habitación en Villaverde por 200 euros (donde quieren que se hacine la familia). También plantearon que se desarraigaran y aceptaran un alquiler, por ese mismo precio, en el municipio de Valmaqueda, cercano al límite con Ávila. Cuando se les pregunta por el compromiso de complemento económico al que se comprometieron, los asesores de la concejala dan por respuesta que no se va a dar, ¡”que desincentiva la búsqueda de empleo”!… Esta respuesta indigna a la familia, que decide plantarse en la entrada de la Junta Municipal de Distrito

75 días en la calle:

Tras iniciarse la Acampada surge al lado de esta una marea de solidaridad y de apoyo. Todo el mundo entiende que una familia tiene derecho a una vivienda, que se trata de un derecho básico y fundamental y como tal lo reclaman. En estos 75 días además se han realizado numerosas iniciativas (fiestas de cumpleaños para los peques de la familia -que han pasado su celebración acampados en la calle-, fiestas del agua, conciertos, coloquios, sesiones de cine de verano e incluso clases de matemáticas y de dibujo para quien lo deseara). Se ha combinado la estancia constante en la Plaza de Carabanchel con la reclamación a las instituciones -tanto al Ayuntamiento como a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, así como a la Consejería de Vivienda y al propio Congreso de los Diputados. Este verano se ha logrado que numerosos políticos tengan en cuenta el problema habitacional de la gente como #LidiaYSanti. Esta presión, unida al gran eco mediático y en redes sociales del caso, han sido determinantes en la consecución de una resolución, y no la “voluntad política” de los políticos por el cambio. Llama la atención que en la entrevista que se tuvo con Manuela Carmena, que es alcaldesa porque una parte grande de l@s madrileñ@s estaba profundamente en contra de los desahucios y de las políticas neoliberales de sus predecesores, ésta recomendara a Lidia “Quedarse con la solución que tenía ya en sus manos”: la de los albergues para las personas sin hogar y que el principal problema era que no tenían empleo y que al ser jóvenes “tenían que ponerse a trabajar ya”, como si el paro no fuera un problema de cada vez más personas y la principal causa del aumento de las excluidas. Esto es olvidarse de que, en teoría, es su responsabilidad dar cobertura a personas como Lidia y Santi, pues así lo marcan los derechos universales internacionalmente reconocidos. Llama la atención que quien dice en los medios de comunicación que “en Madrid ya no hay desahucios” no ofrezca una alternativa viable a ese mismo desahucio. Igualmente llama la atención el clasismo, la insensibilidad y el desconocimiento de la sociedad madrileña que tiene la alcaldesa: las asambleas de vivienda están llenas de personas que pese a tener trabajo, o más de uno, no ganan suficiente para poder costearse un piso. Igualmente es reseñable que alguien que vive en un chalet en Arturo Soria plantee que una familia puede estar muy bien en un albergue, o que le recomiende trabajar a Lidia, quien empezó a hacerlo con 16 años… Por su parte Santi empezó a trabajar a tiempo completo con 14 y a tiempo parcial con 9. Queda abierto a debate un tema fundamental, el rápido arraigo de posturas marcadamente neoliberales en el imaginario de quien hace dos años llamaba a las estancias breves “desahucios sin alternativa habitacional”, queda abierto considerar el proceso que hay detrás de esta transformación.

Las dificultades y el paso de los días no han hecho mella en la determinación y valor de la familia. Han sido un ejemplo cada día de arrojo, de saber sobreponerse a la dureza, y de ganar fuerza y alegría al hacerlo. Finalmente y como hemos comentado, el 1 de Septiembre, día del inicio oficial del curso político, la familia accede a una vivienda. El inmueble, propiedad de la AVS -Agencia de la Vivienda Social, el nuevo IVIMA- (Comunidad de Madrid) era ofrecido por una ONG. Cristina Cifuentes, que en su época de Delegada del Gobierno en Madrid no escatimó en brutalidad policial ni en montajes contra el movimiento de vivienda y cuyo partido vendió vivienda pública a los fondos buitre con familias dentro, corría a apuntarse el tanto político en redes sociales y a reclamarse como la salvadora de la familia. Vemos la cosa como un acto de hipocresía deleznable. Las ong ́’s religiosas aparecen como las que “facilitan la vivienda” de una forma caritativa, cuando en realidad son viviendas públicas, pagadas con el dinero de tod@s menos de la Iglesia.

Ante la amenaza de Cristina Cifuentes de adelantarse, desde la concejalía llamaron inmediatamente a Lidia para ofrecerle una vivienda de la EMVS gestionada a través de la empresa/ong Cruz Roja. Ah, Esther Gómez: eso quiere decir que sí teníais los recursos que lamentabas no tener!. El hecho de que se haya dilatado la llegada de la solución hasta el inicio del curso político muestra cómo desprecian ambas administraciones las necesidades y derechos de las familias, su profunda insensibilidad social y cómo solo les ha importado este caso para buscar rédito político… No les ha importado el sufrimiento de 6 personas.

La lucha sirve, la lucha sigue

El 1 de septiembre, tras 75 días, se desmontaba la acampada. Felices por la resolución positiva, cansadas por todo el esfuerzo necesario y dolidas por cómo juegan con la vida de las personas, numerosas activistas, familiares y demás personas que se habían solidarizado nos concentramos para festejar el fin de la acampada. Fin de la acampada, no de esta lucha. Una masa ingente de personas y familias se encuentran amenazadas por la posibilidad del desahucio en nuestro distrito, nuestra ciudad y por todo el Estado. No se les da solución habitacional mientras están en la lista de emergencia: Se les acaba desahuciando. Tendremos que luchar y que seguir organizados y movilizándonos para que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos humanos, el derecho a la vivienda, sea un derecho real y efectivo. Tendremos que seguir construyendo elementos de contrapoder y tejido social para conseguir evitar ser ignoradas por las instituciones.

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